La Comunidad despilfarra cientos de miles de euros todos los meses en edificios judiciales dispersos e inadecuados, con costosos alquileres y servicios duplicados. Esto incide tanto en los costes como en la calidad
Publicado en www.elpais.com
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Hace unos días Europa Press se hacía eco de unas declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que (a título personal, aclaraba, pese a las responsabilidades que desempeña) abogaba por devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado, ya que, a su entender, su ejercicio es "caro y complicado", "no tienen ningún sentido" y han hecho que la justicia en Madrid se convierta en un "carajal".
Las distintas autonomías han rentabilizado la asunción de funciones sobre la justicia como vía para explicitar ante sus ciudadanos un modelo de gestión más eficaz y próximo a la sociedad o con un orden de prioridades adaptado a las necesidades del territorio. El modo en que se ejercen esas competencias dice mucho del lugar en que cada Comunidad sitúa valores claves para la convivencia social: el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la justicia gratuita.
