La negociación de la Nueva Oficina judicial en el ámbito del Ministerio de Justicia


25 jun 2010


El Ministerio de Justicia informa que pretende seguir adelante con la implantación de la Nueva Oficina judicial y adelanta que incluirá dos ciudades más: León y Cuenca

CCOO CONTESTA QUE SU OBSTINACIÓN EN MANTENER INVERSIONES NO FUNDAMENTALES EN ESTE MOMENTO, ELIMINANDO EN CAMBIO LAS IMPRESCINDIBLES COMO LA CREACIÓN DE EMPLEO, DEMUESTRA UN DESPILFARRO EN EL USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS


En la reunión que debía discutir las bases de la convocatoria de las oposiciones de acceso a los Cuerpos especiales del INT y que se aplazó hasta la semana próxima, el Ministerio de Justicia ha informado que pretende ampliar las ocho ciudades elegidas para la primera fase de la implantación de la nueva oficina judicial, con dos más: León y Cuenca. Si bien han manifestado que pudiera ocurrir que en sólo una parte de las ciudades elegidas, el proceso de implantación se llevara a cabo antes de finales de año.

La decisión del Ministerio de Justicia es escandalosa: aprueba recortes sociales y salariales, como los de los empleados públicos, acuerda la congelación de la oferta de empleo público, al menos, para 2011 y 2012, recorta los derechos de los trabajadores, ataca a un principio básico constitucional, como es el principio de la negociación colectiva, saltándose los acuerdos alcanzados con el propio Gobierno, y pretende, en cambio, seguir con la implantación de la nueva oficina judicial, que para alcanzar al conjunto de los partidos judiciales necesita una inversión multimillonaria de fondos públicos, y, además, sigue realizando inversiones de millones de euros contratando empresas externas para la realización de estudios técnicos.

Además, el Ministerio de Justicia ha anunciado que ha remitido al BOE para su publicación en los próximos días la orden de creación de los Servicios Comunes de la Nueva Oficina Judicial e inmediatamente publicará el concurso de puestos singularizados y de libre designación, lo que demuestra la falta de respeto a los trabajadores, cuando desde CCOO le hemos exigido que antes de seguir tomando cualquier medida en relación con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, debe el Ministro de Justicia dar explicaciones en la mesa sectorial de las inversiones que está realizando el Ministerio en esta grave situación de recortes sociales y salariales.

En la cínica actuación del Ministerio de Justicia, se nos ha informado también que van a remitir a los sindicatos los protocolos de actuación y los manuales de puestos, pero no para negociarlos sino exclusivamente para darnos información. Pero no dicen nada de la patética puesta en marcha del programa Minerva NOJ que desde el punto de vista de los trabajadores y de CCOO es de una auténtica incompetencia. Con CCOO que no cuente el Ministerio, si esa es su decisión: invertir cientos de millones de euros en aplicaciones que dejan a los trabajadores indefensos en su tarea diaria y son éstos los que tienen que resolver los problemas, porque la Administración no afronta su incompetencia en relación con una herramienta incompleta y desajustada a las necesidades del día a día.

CCOO ha respondido al conjunto de las decisiones del Ministerio de Justicia con la manifestación clara y tajante de que vamos a actuar con la contundencia necesaria para defender los derechos de los trabajadores y para ello no descartamos utilizar todos los medios necesarios a nuestro alcance, pues, hemos manifestado, que la obligación del Gobierno es retirar las medidas inaceptables que ha tomado contra los trabajadores, reponer sus derechos, incluidos los salarios que teníamos los empleados públicos antes de la aprobación del Real Decreto ley 8/2010, y dejar de gastar el dinero público en inversiones que en estos momentos ni son imprescindibles para los ciudadanos ni para los trabajadores como es la implantación de la nueva oficina judicial, y dedicar la inversión del dinero público para lo que es verdaderamente necesario: la creación del empleo imprescindible para los servicios públicos, e indudablemente también en la Administración de Justicia.
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