Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo, analiza en un Informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, desde la vertiente estrictamente jurídica, la decisión del Gobierno sobre la reducción salarial de las empleadas y empleados públicos.
El primer interrogante es el referido a la capacidad que tiene el poder público de desligarse unilateralmente de los compromisos adoptados conforme a procedimientos legales vigentes y legítimos. En el caso presente, se reconoce en el EBEP el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, su garantía legal si se cumplen los requisitos que marca la norma, y, en desarrollo de este marco normativo el Gobierno firmó en septiembre de 2009 el Acuerdo con los sindicatos -con tres años de vigencia- que establecía un tipo de incremento salarial moderado con la revisión de esta cláusula a partir del tercer año.
Ampliar la noticia. Imprimir artículo
